Prisión preventiva para el sargento que hacía negocios con motos robadas - El Territorio Misiones

Prisión preventiva para el sargento que hacía negocios con motos robadas

Jueves 6 de agosto de 2020
Los procedimientos de detención se hicieron a fines de mayo en los barrios 90 Viviendas, Nosiglia y Belén.
Carlos Cardozo

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

El sargento de la Policía de Misiones acusado por diversos negocios ilegales con motocicletas robadas en Posadas recibió la notificación de prisión preventiva por parte de las autoridades del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, por lo que seguirá el proceso tras las rejas.

La novedad fue confirmada a El Territorio por fuentes ligadas al proceso y, si bien trascendió ahora, el dictamen fue firmado hace varias semanas. Claudio B. (31) -el funcionario policial- está detenido junto a un cómplice identificado como Alan E., de 21 años y señalado como su “mano de obra” en la calle. El joven corrió la misma suerte.

La audiencia indagatoria fue llevada adelante el 2 de junio, en la cual ambos decidieron abstenerse a declarar. El magistrado interviniente los imputó entonces por los delitos de hurto y estafa. Además, al policía se lo acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Sin embargo, la carátula del hecho quedó definida en “asociación ilícita”. Los voceros agregaron que aún restan por incorporarse los análisis de los teléfonos celulares incautados, que podrían dar más precisiones sobre el modus operandi, además de señalar a más involucrados, algo que se cree desde el inicio de la causa.  

Además de esa investigación, el dúo enfrenta otros dos procesos en la capital provincial. El magistrado Fernando Verón, del Juzgado de Instrucción Tres, los acusa por hurto, y su par del Juzgado de Instrucción Seis, Ricardo Balor, los investiga por un asalto a mano armada en el barrio Itaembé Miní.

En este segundo hecho se determinó su excarcelación y, según fuentes con acceso al expediente, estarían en condiciones de ser desvinculados del caso, ya que en la ronda de reconocimiento, las víctimas -quienes dijeron que sus asaltantes habían actuado a cara descubierta-, no los señalaron.  

Detención e investigación
Como informó este medio en otras ediciones, la detención de los implicados se concretó el 27 de mayo, tras una investigación de la División Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X. Fue mediante una serie de allanamientos en los barrios 90 Viviendas, Nosiglia y Belén, donde residen los involucrados.

Se secuestraron entre otros elementos de interés un Peugeot 308 del efectivo policial, un arma de fuego, municiones y unos 70.000 pesos aproximadamente, que sería parte de lo obtenido mediante las maniobras ilegales que el sargento y su sobrino presuntamente encabezaban.

También incautaron motos robadas, elementos centrales en el actuar delictivo del dúo. Es que a partir del entrecruzamiento de varias denuncias los investigadores lograron establecer que el uniformado se valía de su trabajo para llevar adelante varios “negocios”. Para esa maniobra, el cómplice era quien se movía en la calle.

Siempre según consignaron fuentes de la investigación, se detectaron al menos dos formas de operar. Una de ellas se basaba en el hurto de motocicletas y la venta de los rodados a bajo costo por parte del sobrino, que luego le pasaba todos los datos de su comparador a su tío policía.

En esa instancia, el uniformado llegaba hasta la vivienda del comprador de la moto robada, en donde realizaba un falso procedimiento con incautación del rodado. No había denuncia ni orden judicial y la motocicleta nunca llegaba al corralón.

Después, esos mismos rodados eran vueltos a comercializar o desguazados para la venta como autopartes y la maniobra estaba tan aceitada que con una misma motocicleta se podrían hacer tres o cuatro negocios.

Otro ardid consistía en que delincuentes presuntamente afines o con nexos al uniformado sustraían motocicletas que estaban incautadas en corralones de la Policía y luego de ello el efectivo utilizaba la base de datos de la fuerza para identificar a los damnificados o propietarios de esos rodados sustraídos.

El paso siguiente era contactar a los denunciantes e iniciar una especie de negociación, en la cual ofrecía información respecto de dónde podían recuperar los vehículos. A cambio de esos datos, se estima que el uniformado solicitaba el pago de “comisiones” que rondaban entre los 10.000 y los 30.000 pesos, monto que dependía del tipo y modelo de motocicleta involucrada en la fraudulenta negociación.

En cifra

30.000

Mediante las maniobras ilícitas, el dúo exigía entre 10.000 y 30.000 pesos en efectivo para devolver motos que estaban incautadas en los corralones.

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